La línea de Reforma de los Sistemas Penitenciarios está coordinada desde 2019 por la Procuraduría General de República Dominicana, e integran además la línea los miembros de la COMJIB de Argentina, Brasil, Chile Ecuador, Honduras y Paraguay.

Entre los Estados Parte del organismo hubo un consenso claro a partir del año 2008 en la Asamblea Plenaria de San José, sobre lo prioritario que resultaba trabajar por los derechos de las personas privadas de libertad en la región con el objetivo de minimizar los efectos potenciadores del castigo que suponía el encierro en condiciones de insalubridad y penosisdad. Así en 2010 se aprueba la “Declaración de San José” que contenía la recomendación sobre acceso a derechos de las personas penalmente privadas de libertad en Iberoamérica, elaborada con el apoyo técnico del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y respaldada por la XVII Asamblea de Plenaria de la COMJIB celebrada en Ciudad de México.
 
El siguiente hito en el trabajo de esta línea fue la elaboración de la Guía de Infraestructuras Penitenciarias que fuera aprobada en 2013 y que proporcionaba lineamientos concretos no solo para el desarrollo o promoción de una infraestructura penitenciaria, sino también en la definición de conceptos como la selección del terreno más apropiado, el programa funcional ajustado a los requerimientos penitenciarios o el perfil de los profesionales involucrados en cada uno de las fases del desarrollo, y llegar a su puesta a disposición de la propia Administración Penitenciaria. Ese mismo año también resultaría aprobado el Programa Modelo de Género en contexto de privación de libertad para Iberoamérica.

Desde entonces esta línea de trabajo se vio fortalecida por la participación de la COMJIB en iniciativas como la acción de EUROsociAL II Inserción socio-laboral de personas privadas de libertad que permitió desarrollar herramientas de política pública en este ámbito en 13 países de América Latina.  

Con los últimos trabajos de la línea se ha producido un relevo de paradigma en el enfoque de la reforma de los sistemas penitenciarios; la humanización del castigo como principio informador del sistema ha sustituido a los fines resocializadores que resultan menos concretos para dar contenido a las políticas penitenciarias. La humanización de las cárceles toma como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros textos similares, haciendo que la subjetividad de los privados y privadas de libertad traspase los muros de los recintos penitenciarios. Este enfoque se ha visto reforzado por el contexto pandémico que ha tensionado el funcionamiento de las prisiones y ha compelido a los poderes públicos, más si cabe, a que actúen para evitar fenómenos como el del hacinamiento.

Conscientes de todo ello y en línea con otros instrumentos promovidos por la COMJIB como el de Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, desde la línea 4 de trabajo sobre la reforma de los sistemas penitenciarios, hemos trabajado durante 2021 en la elaboración de un Compromiso de acción sobre los derechos humanos de la población privada de libertad y la humanización de los sistemas penitenciarios en Iberoamérica, aprobado en la XXII Asamblea Plenaria en julio de 2022.

La estrategia de la COMJIB para el período 2022-2023, recoge la necesidad de trabajar en un sistema propio de seguimiento de los compromisos adquiridos por los países de la Conferencia en el seno de la misma, para desarrollar sistemas penitenciarios y carcelarios que promuevan la proporcionalidad en el cumplimento de las penas, las alternativas a la privación de la libertad y en definitiva, el cumplimiento de los derechos fundamentales de los privados y privadas de libertad.