La línea de “Acceso a la Justicia y sinergias con el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia - PIAJ -”, es liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile y está integrada por: Andorra, Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Chile ratificó su rol de coordinador de esta línea, en el ámbito de la Declaración de Buenos Aires, resultante de la Asamblea General Extraordinaria de COMJIB, realizada entre los días 12 y 13 de diciembre de 2018, comprometiéndose a llevar a cabo un conjunto de iniciativas que promuevan el acceso a la justicia en los países iberoamericanos.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental y constituye la base para la exigibilidad de los demás Derechos Humanos, siendo imprescindible que los Estados garanticen a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, la posibilidad de recurrir al sistema de justicia, debiendo las instituciones que lo conforman contar con las capacidades adecuadas para atender las necesidades de acceso, tanto en el sistema judicial formal, como a través de otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos o de la justicia restaurativa.  

Lo anteriormente expuesto, constituye el enfoque en el que se sustenta el objetivo general de esta línea y tiene especial relevancia si se considera que, por razones de diversa índole, una serie de asuntos de alta prevalencia entre la población y que potencialmente no debieran representar mayor complejidad para el sistema, no logran ser abordados por éste, constituyendo ello una seria limitación al derecho de acceso a la justicia.

Por consiguiente, el objetivo de esta línea de trabajo, es contribuir a que los países iberoamericanos avancen en el desarrollo de acciones para atender las necesidades jurídicas de toda la población y especialmente, de los grupos vulnerables, a través del diseño de una justicia inclusiva, centrada en las personas, pensada desde el entendimiento empírico de las necesidades legales y de justicia de éstas, todo esto conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.3 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, poniendo a disposición de los países, herramientas que contribuyan a identificar recomendaciones de políticas clave, que se concreten idealmente por medio de Planes Nacionales de Acceso a la Justicia, para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta efectiva de éstos, todo ello en el marco de una estrategia regional en esta materia, promovida en sinergia con el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia -PIAJ-.

Para el cumplimiento de estos fines, se han trazado objetivos específicos, que dicen relación con la realización de catastros bianuales para conocer en los paises miembros de la COMJIB: 
I)    el avance en la aplicación de las 100 reglas de Brasilia y su transformación en un instrumento internacional sobre acceso a la justicia.; 
II)    las herramientas de planificación existentes en el sector justicia para el acceso a la justicia, incluida la detección de las necesidades jurídicas insatisfechas de la población y 
III)    los avances normativos y de políticas públicas relacionadas con la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa.

Del mismo modo, se ha establecido la creación de un mecanismo que permita a los países compartir buenas prácticas y experiencias en materia de acceso a la justicia, principalmente en cuanto a necesidades jurídicas de las personas, barreras para acceder al sistema de justicia y grupos prioritarios o en situación de vulnerabilidad.