El Decreto 806 de 2020 entró a regir en nuestro país el 04 de junio de 2020. Con él se facilitó al acceso a los expedientes y asistencia a audiencias; se abrieron canales de contacto directo con los despachos a través de herramientas digitales privilegiando no sólo al apoderado judicial, sino al usuario de la justicia interesado en conocer los avances de su caso.

 

El acudir presencialmente a los despachos pasó a hacer una labor secundaria, sobre todo en aquellos procesos que no demandaban una especial urgencia. Todo ello se remplazó por la interacción digital que se abrió paso tras dos años de pandemia.

Encontrarnos a escasos cuatro meses de la pérdida de vigencia de este decreto, motivó a juristas, miembros de la Rama judicial, Fiscalía General de la Nación y al propio Ministerio de Justicia, a idear una modificación definitiva que pueda ser incluida en todas los procedimientos que rigen en las jurisdicciones y sus especialidades, y que sea acorde con la finalidad contemplada en el Decreto 806.

Como es sabido, actualmente la única jurisdicción que implementó en su código de procedimiento el uso de las tecnologías de manera permanente es la contenciosa administrativa con la expedición de la Ley 2080 de 2021, que modificó la Ley 1437 de 2011.

Así pues, a través de la Resolución 0124 del 01 de febrero de 2022, se creó la comisión de revisión de vigencia y oportunidades de mejora de las disposiciones del Decreto Legislativo 806 de 2020. Su finalidad, idear un proyecto de ley que permita extender las disposiciones contendidas en este, y mantener de manera indefinida el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción constitucional y disciplinara, entre otras.

La Comisión ejercerá sus funciones hasta el 20 de junio de 2022, aunque no se descarta que esta fecha pueda ser prorrogable. Su estudio incluirá la adopción de modificaciones necesarias para las normas procesales establecidas en el Código General del Proceso y normas procesales especiales de otras áreas del derecho.

La optimización del acceso a la información judicial, agilidad en la sustanciación y fallo de los procesos judiciales, atención a los usuarios en general, continúan siendo la apuesta que le permitirá a la justicia nacional, desarrollar sus funciones a la par de los avances tecnológicos que siguen creciendo a pasos agigantados.

Cambios en los sistemas de información, como justicia siglo XXI, Tyba, para finalizar en SAMAI, demuestran la necesidad de implementar herramientas que faciliten el ejercicio de la actividad judicial.

Las nuevas tecnologías desarrolladas en el Decreto 806 de 2020 llegaron para quedarse, en este momento el proyecto de ley está en proceso de estudio y elaboración y será vital para continuar ejecutando las políticas fijadas por el Gobierno en materia de justicia.